Los casos de EEUU y Reino Unido

Echemos un vistazo, por ejemplo, al caso de dos de los países más importantes del globo.

• EEUU establece cuatro casos por los que se puede perder la ciudadanía de su país. Uno de ellos es el de solicitar ciudadanía en un segundo estado pasada la edad de los 18 años, pero debe contener “la intención de perder la nacionalidad estadounidense”. Si bien la normativa indica que pedir la nacionalidad de un tercer Estado puede constituir causa de pérdida de la nacionalidad estadounidense, también establecen una presunción de “no intención” de perder la nacionalidad, cuando se adquiere otra nacionalidad. Y si esa “intención” no estuviera clara para el gobierno de EEUU, las autoridades consulares deberán preguntar a la persona en cuestión si desea perder la nacionalidad estadounidense. Si la respuesta es que “no desea perder la nacionalidad estadounidense”, no la perderá.
• Reino Unido cuenta con una legislación diferente. El país británico permite que sus ciudadanos cuenten con una segunda ciudadanía sin que ello signifique perder la del Reino Unido. Así, y pese a esa “mera declaración”, sí es posible que un ciudadano británico mantenga su nacionalidad y adquiera la española.

Convenios de doble nacionalidad

Luego, como asteriscos a su legislación general, España cuenta con convenios de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, y con algunos de los que tienen pasado colonial hispano, Guinea Ecuatorial, Filipinas, y con otros con los que comparte frontera, como Andorra y Portugal. Las personas nacionales de estos estados pueden disfrutar de la doble nacionalidad sin problema.

La Resolución de la DGRN (Dirección General de los Registros y del Notariado) del 24 de mayo de 1993 lo explica de la siguiente manera:

“Es, por otra parte, indiferente que la renuncia del optante a su nacionalidad marroquí no suponga pérdida de esta nacionalidad. Como anticipó ya la doctrina de este Centro (Res. DGRN de 24 septiembre 1971), la adquisición de la nacionalidad española para quien tuviera derecho a ella no podía quedar supeditada a la circunstancia de que para la ley extranjera de que se tratara la renuncia de esta nacionalidad no tuviera eficacia. Esta solución, por la cual la renuncia a la nacionalidad extranjera no constituye más que un requisito formal, es la que ha adoptado, sin duda, la redacción vigente del Código Civil en la que sólo se exige que la persona <declare> que renuncia a su anterior nacionalidad (Art. 23.b) CC)”.

En otras palabras: una vez se concede la nacionalidad española, a la legislación de España le resulta indiferente la forma de proceder del otro país en cuestión con su ciudadano. Así, es muy probable que se puedan dar supuestos de doble (o múltiple) nacionalidad, por mucho que no estén amparados por los convenios de doble nacionalidad que España tiene suscritos con diversos países.

Por ello, en estos casos, mucho más importante que analizar la legislación española, es necesario estudiar las normas del país del que proviene el solicitante en cuestión. Será ese ordenamiento jurídico el que decida sobre la posibilidad de pérdida real, o no, de su propia nacionalidad como consecuencia de esta renuncia hecha ante autoridades de otro país.